La mayoría oficialista aprobó el proyecto “prostíbulos cero”, enviado por el gobernador, José Alperovich, que pretende erradicar todos los locales clandestinos en que se ejerza la prostitución.
De esta manera, se procederá a la clausura inmediata de todos los lugares en los que se practique o se facilite el ejercicio de la prostitución bajo la modalidad de wisquerías, cabarets, clubes nocturnos, boites, saunas o locales de alterne.
Hasta este punto no mostraba mayores diferencias con la legislación córdobesa, que terminó por generar mayores inconvenientes que beneficios. Es sobre este punto donde la ley provincial ahondó más profundamente, y gestó la creación de una Comisión Provincial de Lucha contra la Trata de Personas y de contención y recuperación de víctimas de la explotación sexual.
Dicha comisión, que será reglamentada por el PE, estará integrada por los ministerios de Seguridad, de Educación, Salud y Desarrollo Social. “La idea es poder reinsertar a estar personas a la vida social, brindando todos los recursos con lo que cuente el Estado para que las personas puedan reinsertarse efectivamente”, aclaró el legislador oficialista Guillermo Gassenbauer.
La ley deroga además, incisos de la inconstitucional Ley de Contravenciones Policiales para agravar las penas (pasa de 30 a 60 días de arresto) y quitar la posibilidad del pago de una multa para eximir del arresto a los propietarios o encargados de los locales prohibidos.
El proyecto que no fue
El tema había sido introducido por la agrupación kirchnerista La Cámpora, que había presentado una iniciativa prácticamente igual unos días antes de la llegada del proyecto del Gobernador al Parlamento. Si bien ambos proyectos apuntan al mismo objetivo; combatir la trata y el proxenetismo, los parlamentarios afines a La Cámpora se atribuyen ser los precursores en esta materia.
“Estamos seguros que con el cierre de los prostíbulos se va a aminorar el mercado de la trata. Sin embargo creemos que hay que trabajar fuerte en la re-vinculación de las prostitutas, de una manera integral que va desde conocer su historia y como llegó a tener que ejercer la prostitución para subsistir”, expresó el camporista Jesús Salim.
En este sentido, remarcó "nuestra ley es mejor que la de Córdoba, es superadora. Creemos que nuestra ley va a ser “la ley”, y va a sentar las bases para otras provincias”.
No obstante, Salim restó importancia al desplazamiento del proyecto presentado desde La Cámpora. “No importa de dónde salió el proyecto. Lo importante es que estamos cumpliendo con nuestro objetivo de lograr que las políticas nacionales se realicen en la provincia”, dijo, a la vez que consideró que “aunque haya decisiones que se toman en bloque hay que respetarlas porque somos parte de un gran bloque que es la provincia”.
Dos proyectos similares pero diferentes
El proyecto de Salim y compañía establecía la creación del IPLECyT (Instituto Provincial de Lucha contra la Explotación Clandestina y la Trata), que se haría cargo de la inspección y cierre de los prostíbulos, y también establecía la formación de un equipo de especialistas que trabaje integralmente con las personas en situación de explotación. El PE reemplazó esa premisa con una Comisión de seguimiento y de lucha contra la explotación y la trata, que se coordinará con las aéreas del Estado ya involucradas en la materia.
De esta manera, se procederá a la clausura inmediata de todos los lugares en los que se practique o se facilite el ejercicio de la prostitución bajo la modalidad de wisquerías, cabarets, clubes nocturnos, boites, saunas o locales de alterne.
Hasta este punto no mostraba mayores diferencias con la legislación córdobesa, que terminó por generar mayores inconvenientes que beneficios. Es sobre este punto donde la ley provincial ahondó más profundamente, y gestó la creación de una Comisión Provincial de Lucha contra la Trata de Personas y de contención y recuperación de víctimas de la explotación sexual.
Dicha comisión, que será reglamentada por el PE, estará integrada por los ministerios de Seguridad, de Educación, Salud y Desarrollo Social. “La idea es poder reinsertar a estar personas a la vida social, brindando todos los recursos con lo que cuente el Estado para que las personas puedan reinsertarse efectivamente”, aclaró el legislador oficialista Guillermo Gassenbauer.
La ley deroga además, incisos de la inconstitucional Ley de Contravenciones Policiales para agravar las penas (pasa de 30 a 60 días de arresto) y quitar la posibilidad del pago de una multa para eximir del arresto a los propietarios o encargados de los locales prohibidos.
El proyecto que no fue
El tema había sido introducido por la agrupación kirchnerista La Cámpora, que había presentado una iniciativa prácticamente igual unos días antes de la llegada del proyecto del Gobernador al Parlamento. Si bien ambos proyectos apuntan al mismo objetivo; combatir la trata y el proxenetismo, los parlamentarios afines a La Cámpora se atribuyen ser los precursores en esta materia.
“Estamos seguros que con el cierre de los prostíbulos se va a aminorar el mercado de la trata. Sin embargo creemos que hay que trabajar fuerte en la re-vinculación de las prostitutas, de una manera integral que va desde conocer su historia y como llegó a tener que ejercer la prostitución para subsistir”, expresó el camporista Jesús Salim.
En este sentido, remarcó "nuestra ley es mejor que la de Córdoba, es superadora. Creemos que nuestra ley va a ser “la ley”, y va a sentar las bases para otras provincias”.
No obstante, Salim restó importancia al desplazamiento del proyecto presentado desde La Cámpora. “No importa de dónde salió el proyecto. Lo importante es que estamos cumpliendo con nuestro objetivo de lograr que las políticas nacionales se realicen en la provincia”, dijo, a la vez que consideró que “aunque haya decisiones que se toman en bloque hay que respetarlas porque somos parte de un gran bloque que es la provincia”.
Dos proyectos similares pero diferentes
El proyecto de Salim y compañía establecía la creación del IPLECyT (Instituto Provincial de Lucha contra la Explotación Clandestina y la Trata), que se haría cargo de la inspección y cierre de los prostíbulos, y también establecía la formación de un equipo de especialistas que trabaje integralmente con las personas en situación de explotación. El PE reemplazó esa premisa con una Comisión de seguimiento y de lucha contra la explotación y la trata, que se coordinará con las aéreas del Estado ya involucradas en la materia.
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