Consejo Federal de Derechos Humanos. Región NOA

 

“La democracia no le hace dosaje intelectual a nadie”, dijo Gras

El funcionario nacional se refirió al caso Chaín

“¿Ven mi tabique quebrado? Es un souvenir de la dictadura”, exhibió entre risas en un pasillo de la Casa de Gobierno. Intentó desdramatizar su pasado -con éxito- y brindó sentidos conceptos sobre la política de Derechos Humanos en el país. Martín Gras es el secretario ejecutivo del Plan Nacional de Derechos Humanos y ayer estuvo en Tucumán para presidir la mesa del NOA del Consejo Federal de esa área.

 El tucumano (nació en la provincia y cursó sus estudios de abogacía en la UNT), es sobreviviente de la Esma y estuvo detenido en Villa Urquiza, hasta 1973. “Los funcionarios de la región del NOA están comprometidos con las políticas de Derechos. No es sencilla ni burocrática, requiere de un grado de compromiso casi militante y ético. El grupo del NOA lo tiene”, celebró tras el encuentro. - ¿Sobre qué ejes se trabaja?- Hay una definición general -pero auténtica- que dice que los Derechos Humanos son el derecho a tener derechos. No es lo mismo conceder algo a alguien a que él sepa que tiene derecho a exigirlo. Se trata de cambiar la lógica del poder. En ese marco, pretendemos dar un fuerte debate cultural para profundizar el núcleo de la democracia. Lo fantástico de los derechos es la convicción de la gente de que tiene cada vez más, eso es lo que profundiza el sistema democrático. En el fondo, el drama y lo profundamente bello del trabajo en Derechos es que se trata de una continúa búsqueda por alcanzar un horizonte que no está fijo, sino que avanza con uno.
- ¿Cómo ve el avance de las causas de lesa humanidad?
- Es muy importante. Esto no tiene que ver con un criterio de venganza, se trata de justicia. Es imposible desarrollar la idea de profundización democrática ocultando la basura debajo de la alfombra. Se trató de un intento de llevar adelante un genocidio de reorganización nacional, porque trataban de transformar la realidad usando al Estado y la violencia. Al hablar de genocidio no sólo hablamos de los culpables materiales. Hablamos también de intereses económicos. Blaquier y Ledesma es un caso paradigmático, porque hay una infinidad de personas que apoyó este proceso.
- ¿Seguirá el juzgar a civiles? - Para ser franco, la Justicia tiene un límite. Al ser un proceso de genocidio, va mas allá de los que están directamente vinculados. Es una política general para domesticar al país. El elemento jurídico tiene un límite, pero hay efectos actuales que tienen que ver con la instalación social de conceptos. Esa lucha no se termina nunca y no es jurídica, es cultural.
- ¿Cómo ve el caso del imputado en crímenes de lesa humanidad que era funcionario tucumano?
- Los funcionarios que hayan tenido historias pendientes en los ’70 seguramente no fueron con un cartel diciendo soy alguien que puede haber cometido crímenes. Seguramente, (Fernando Chaín) apareció como un señor democrático reciclado. La democracia no le hace dosaje intelectual a nadie. Si fuera un régimen autoritario, sentaríamos a los funcionarios en un banquillo. Ahora es cuando funciona el sistema, cuando la Justicia lo señala y la respuesta del Gobierno es automática y él deja de ser parte de la gestión.
- ¿Cómo analiza el caso de Tucumán, que eligió a un ex gobernador de facto?
- Es una paradoja. Responde a situaciones particulares y coyunturales especiales. Prefiero ver el vaso medio lleno y plantear lo amplia que fue la democracia que permitió que un hombre que fue un miembro importante de la dictadura (Antonio Bussi) llegara. Fue un resabio hábil para reciclarse y el propio proceso de consolidación democrática terminó con ese señor en su ex feudo juzgado y repudiado.